Intenciones subyacentes a las reformas en Unicauca

Junta Directiva de ASPU-Cauca

Popayán, Diciembre 17 de 2015

En la avalancha de reformas en la organización y el gobierno en la Universidad del Cauca todos se preguntan cuáles son las intenciones de la administración de Juan Diego Castrillón. En la retórica de la exposición de motivos  que preceden los documentos de las reformas, -mirar el sistema académico propuesto por el vicerrector Velásquez-, hay palabras como atraso en las normas, necesidad de modernizar, armonizar, pero se cae en cuenta fácilmente que son sólo eso, una cascada incongruente de palabras al viento y… retórica.

El gobierno y la administración de las universidades públicas en Colombia procede de la ley 30 que llevaba consigo el espíritu más participativo y autónomo que provenía de la reforma a nuestra Constitución de 1991. El gobierno de Juan Manuel Santos trató de reformar la ley 30, poniendo el énfasis en la mercantilización de la educación superior y la reforma propuesta por la ministra María Fernanda Campo fue rechazada en los finales del año 2011 por un fuerte movimiento estudiantil, universitario y ciudadano que luego se apagó. En resumidas cuentas, se trataba por parte del gobierno de institucionalizar y legitimar el ánimo de lucro como filosofía del sistema universitario en Colombia. 

En esa propuesta de nueva ley, en la que el Estado trataba a la educación superior como una simple mercancía, el modelo que se imponía era un modelo gerencial que ante la crisis de la cobertura, trataba de ampliar los cupos a bajo costo, a tono con los mandatos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y el Banco Mundial.

Sin embargo, el gobierno de Santos ha persistido, revive la reforma a la ley 30 y ha introducido el modelo gerencial primero con una política pública de ampliar la cobertura a través del SENA, dándole poder incluso para certificar ciertas actividades y programas propios de las universidades. En segundo lugar, con rectores afines en las universidades que sigan sus mandatos. Ampliar rápidamente la cobertura con un bajo perfil, sin calidad y a bajo costo, en resumen.

Para estos cambios de perfil bajo, sin una reforma a la ley 30, lo que generaría un debate nacional, el gobierno necesita agentes que implanten verticalmente el modelo gerencial para la educación superior. Y ese parece ser cada vez con mayor claridad el papel del rector Juan Diego Castrillón y de sus funcionarios. Proceden de una izquierda recalcitrante y dogmática, conocen los subterfugios para quebrar y dividir movimientos y para crear enemigos con el fin de distraer sus verdaderas intenciones de mercantilización de la educación superior. Condecoran personas adeptas y crean en aquellos que son críticos, el enemigo de siempre a quien culpar para llevar a cabo sus fines. Generan miedo, rompen la ética universitaria y hacen normativas donde prevalece lo punitivo y la vigilancia. Vigilar y castigar tal parece el lema que reemplazará el universitario “Posteris lumen moriturus edat”. ¿Es ese el papel de la izquierda en una universidad pública? ¿No se esperaría que defienda los adecuados presupuestos, que en el CESU ponga cuestionamientos a las políticas gubernamentales en la educación superior?

A esta situación compleja se suma el gran apetito burocrático del rector Castrillón, su afán de poder y sus inocultables ganas de permanecer en la rectoría para cumplir con los pactos perpetrados con los grupos políticos que prevalecen y medran en el Consejo Superior. Porque simplemente el poder le da mermelada con el fin de acallar voces altisonantes a sus oídos de izquierdista converso. Se ha subido el salario y ha maniobrado para prolongar su periodo rectoral. Quiere poner sobresueldos a los jefes de departamento, cuando ya esta establecido que tienen puntos salariales quienes estén en cargos administrativos. Echa a rodar el rumor que, por sus calidades de obediencia y por los nexos con la izquierda, aunque ya este converso, aspirará a las más altas esferas en los entes que se creen en el proceso de paz que parece que culminará este año de 2016, pero puede ser una maniobra para nuevamente distraer la atención y cortar de tajo los suspiros de alivio a quienes creemos que se retirará de la rectoría en bien de la persistencia de la más importante universidad pública del Cauca. Una política de convergencia, diálogo y participación efectiva debería ser el signo de los tiempos en la universidad, acorde con las necesidades de memoria y reconciliación que requiere el país. ¿Una paz externa y una ausencia de paz al interior de la universidad? 

Si gráficamente se observa el organigrama propuesto en su última reforma al Sistema académico de la universidad se crean más de 10 componentes entre centros, consejos, comisiones y comités que dependen directamente del rector, estableciendo una nómina donde puedan ir personas (profesionales) que él puede contratar, una reforma que rompe con las funciones  de los órganos tradicionales de las Vicerrectorías para el gobierno universitario. ¿Necesitamos como universitarios un nuevo sistema académico? ¿Es necesario con esos cambios en el sistema académico derogar el Estatuto general de la Universidad?

Tradicionalmente esta rectoría se ha caracterizado por los traspiés, retrocesos, anti-reformas y desconocimiento del sistema universitario. Solamente para la contratación de los profesores ocasionales hubo tres reformas, sin contar lo que para el efecto ha dicho la Corte Constitucional. Llevamos dos en el sistema académico. En todo este proceso, es visible su prisa por querer legitimar y validar adefesios que pueden, de llegar a implementarse sin más, a un caos administrativo pues para cualquier trámite se requerirá contar con los vistos buenos de sus múltiples instancias creadas para saciar sus mencionados apetitos. Debemos preguntarnos: ¿De dónde proviene la urgencia de reformar?

Finalmente pensamos que es necesario y sano develar las intenciones de quien parece gestionar el modelo gerencial de universidad mercantil. Competencias, reformas, productividad, mercadeo, eficiencia, des-centralización, centralización, actualización de las normas, déficits administrativos serán las terminologías gerenciales que  usará para enredar la perdiz y justificar sus actuaciones. En última instancia los estudiantes y los padres de familia serán los perjudicados por esta gestión rectoral. Ya tenemos matrículas diferenciales y más altas en la regionalización. La calidad de esta última está en entredicho.

El plegamiento de la Universidad al consumo mercantil y sus prisas burocráticas, serán algunas de las herencias y lastres que dejará el actual rector Castrillón y su administración a Popayán y al departamento. ¿Conviene la perpetuación de una administración como ésta al carácter público de la Universidad del Cauca?

Junta directiva de ASPU-Cauca