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Comunicado a los rectores integrantes del Sistema Universitario Estatal (SUE)


Bogotá, 13 de mayo de 2016
 
Durante dos días, 5 y 6 de mayo de 2016, los Representantes de Profesores ante los Consejos Superiores de las Universidades Públicas, se reunieron en el marco de las sesiones periódicas que se efectúan desde el año 2014, con el fin de tratar asuntos relacionados con la Política pública de educación superior, el Sistema Nacional de Educación Terciaria, las Resoluciones sobre formación de Licenciados y formación de Abogados, la injerencia de la OCDE en las políticas sectoriales de la educación superior, la democracia participativa y sus dinámicas institucionales, los procesos de negociación con el gobierno nacional y, fundamentalmente, la aguda crisis financiera que somete a las Universidades públicas a su inexorable cierre si no se adoptan con urgencia las medidas necesarias para solucionar de manera estructural dicha problemática. Fruto de las discusiones y reflexiones llevadas a cabo, se acordó comunicar a Ustedes lo siguiente:
 
1.       La Ley 30 de 1992, en su artículo 81, crea el Sistema de Universidades del Estado, integrado por todas las universidades estatales u oficiales. En su artículo 82, la misma norma establece que será el Ministro quien reglamentará el funcionamiento de dicho sistema, según las recomendaciones del CESU. Sobre el particular, la Asamblea de Representantes Profesorales ante los Consejos Superiores de Universidades Públicas (ARPUP), considera que lo reglamentado sobre el asunto no responde en lo fundamental al alcance de lo que debe ser un SISTEMA de universidades; en tal sentido, reclama una reconfiguración de dicho sistema con criterios de inclusión y democracia, para lo cual deben tenerse en cuenta las propuestas elaboradas por el profesorado colombiano. ¿Cómo concebir un Sistema universitario estatal sin la presencia activa de profesores y estudiantes?

2.       Es evidente, y los datos de la Comisión técnica de Vicerrectores administrativos y financieros del SUE así lo definen, que las universidades estatales -especialmente durante los últimos diez años- han llevado a cabo esfuerzos descomunales para incrementar cobertura, mejorar calidad, elevar estándares en formación del profesorado, fomentar productividad académica, ampliar infraestructura y dotación tecnológica, entre otros frentes, que se han constituido en elevada carga adicional que no ha sido compensada por los recursos del nivel central. Resulta inaceptable el abandono progresivo del Estado respecto a su obligación legal y constitucional (determinada en los contenidos que hacen bloque de constitucionalidad según el art. 93 de la CP) de responder presupuestalmente por las universidades públicas, cuyos recursos provienen principalmente de los impuestos que los mismos colombianos aportan a los recursos de la nación.
 
 3.       En correspondencia con el preocupante problema de orden presupuestal mencionado en el punto anterior, ARPUP considera que el SUE está en la obligación política de desplegar acciones concretas para preservar el Patrimonio público de la Educación Superior -asumida como un Derecho fundamental que debe ser financiado por los gobiernos según las diferentes Declaraciones y Pactos definidos en el plano internacional- lo cual se logra esencialmente a través de una garantía de financiamiento decente a las Universidades estatales.

4.       La Democracia universitaria, para su necesario fortalecimiento, debe comenzar con la recomposición de órganos de dirección y asesoría del sector educativo del nivel superior como el CESU, el SUE, los Consejos Superiores, Consejos Académicos y demás cuerpos colegiados que reclaman mecanismos participativos en la escogencia de sus integrantes, incluidos los Rectores como representantes legales.
 
En atención a lo expuesto, ARPUP solicita respetuosa y comedidamente -a los Rectores que integran el Sistema Universitario Estatal- que gestionen lo necesario para exigir al gobierno nacional presupuesto suficiente y sostenible, que garantice el derecho a la educación superior con alta calidad para todos, distinto a las propuestas ministeriales dirigidas a adquirir más endeudamientos progresivos que terminarán por asfixiar aún más a las instituciones.

Este propósito debe lograrse con la acción y movilización conjunta de actores de las comunidades universitarias -en lo fundamental profesores, estudiantes, administrativos y directivos- para hacer visible ante la opinión pública el hecho contundente según el cual no ha sido suficiente aportar al Ministerio de Educación Nacional cuatro estudios técnicos financieros, realizados desde al año 2009, para que dé respuesta oportuna y satisfactoria a la situación. A la fecha, no hay salidas que -en un plano de respeto y dignidad- atiendan las difíciles circunstancias por las que atraviesan las universidades del país.

De igual manera se solicita al SUE, a partir de las reflexiones y compromisos derivados de la intervención del Presidente de dicho Sistema (Dr. José Fernando Gaviria) en el marco del evento de ARPUP, la apertura de espacios  al profesorado que representa al estamento en los Consejos Superiores de las 32 universidades públicas y, gradualmente, apertura a otros actores clave para constituir y consolidar un verdadero Sistema estatal de universidades.
 
Las universidades públicas están obligadas a cooperar en lugar de competir, y en esa sana lógica los rectores deben honrar la alta dignidad que ostentan para unir ideas, esfuerzos y acciones concretas con profesores, estudiantes y demás miembros de las comunidades universitarias comprometidos con lo que los tiempos difíciles reclaman, para alcanzar una sociedad distinta basada en la solidaridad, la igualdad, los bienes comunes y la justicia social.

¡Solo con la movilización, que es un derecho, lograremos el respeto de los derechos de los universitarios!
 
 
 
BEATRIZ MARTÍNEZ DE VARGAS                                    JUAN CARLOS YEPES OCAMPO
Universidad Nacional                                             Universidad de Caldas
 
Última actualización el Sábado, 14 de Mayo de 2016 10:15