Amaury Núñez, La Silla Vacía, 2 de julio de 2016

El 98,4% de los recursos de Ser Pilo Paga y el 85% de los pilos se ha ido para universidades privadas, que para el cuatrienio sumarán 3,5 billones de pesos, un billón más que los recursos anuales que el Estado transfiere a las universidades públicas, que nadan en un mar de crisis e incertidumbre. 

No es extraño que la Ministra de Educación Gina Parody evada el debate con la comunidad universitaria. Daño haría a la imagen de un Ministerio de anuncios y propaganda política sobre los temas de la educación colombiana. A nadie se le escapa los escandalosos Programas de Alimentación Escolar que se roban a granel en regiones de Colombia frente a la mirada atónica del gobierno. Es más, resulta gravosa la suerte de complicidad que ha podido evidenciarse entre los directorios políticos y alcaldes gobiernistas con los contratistas de dichos programas en algunas regiones.

Por todos los medios el presidente Santos y la Ministra Parody insisten en que el eje de la política con el sector es endeudar estudiantes. Según ellos se otorgarán 100 mil nuevos créditos de educación superior para sostenimiento y pago de matrícula, pasando de 129 mil a 229 mil endeudados a 2018, aun cuando con esa política niegan el derecho fundamental a la educación al no financiar directamente a las universidades del Estado y ponen a miles de familias a sufrir desdichas propias de los insolventes acosados por el sector financiero.

Como lo reveló El Observatorio de la Universidad Colombiana el 98,4% de los recursos de Ser Pilo Paga y el 85% de los pilos se ha ido para universidades privadas, que para el cuatrienio sumarán 3,5 billones de pesos, un billón más que los recursos anuales que el Estado transfiere a las universidades públicas. Es decir, algo más de 2,8 billones de pesos públicos irán a universidades privadas por cuenta de este programa mientras las estatales nadan en un mar de crisis e incertidumbre. Esto por lo menos amerita un debate sobre la responsabilidad del gobierno Santos con la universidad pública.

Como si fuera poco, las recientes declaraciones alrededor de la creación de un Sistema Nacional de Educación Terciaria, SNET, sin ningún atisbo de discusión y elaboración amplia y democrática previa, con profesores, rectores, estudiantes y trabajadores de la educación superior, no han sido bien recibidas por el sector universitario. Esto cuando reiterados reclamos de dichas comunidades insisten en una reforma integral a la educación superior que modifique de fondo la manera como el Estado participa de la financiación de las universidades públicas remplazando la Ley 30 de 1992. ¿Qué pasará con la reforma? Nada más que un remoquete. Y tal para cual, el déficit calculado en 16,1 billones de pesos que tienen las 32 universidades del Estado se mantendrá en crecimiento.

Los que sí son escuchados en Colombia para adelantar políticas en la educación superior son la OCDE y el Banco Mundial. La OCDE en el año 2012 emitió sus recomendaciones para el sector educativo colombiano, consistentes en “atraer más fondos al sistema […] implementando cambios en la gobernabilidad para estimular nuevas inversiones del sector privado” pues, partiendo de la insuficiente fuente de recursos públicos y la creciente demanda insatisfecha, “la única manera de hacerlo sería recurrir a proveedores privados y compartir los costos [donde] las asociaciones mixtas público-privadas representan un modelo muy prometedor para Colombia.” Y hace pocas semanas, este mismo órgano habló de la financiación de la educación superior dirigida al crédito educativo y la privatización, afirmando que “El obstáculo principal para la asignación efectiva de recursos en Colombia sigue siendo el sistema obsoleto, inequitativo e ineficiente de distribución de los recursos oficiales nacionales a las instituciones de educación superior establecido en la Ley 30 de 1992”, haciéndose necesario “avanzar hacia un sistema de financiación basado en el desempeño” (¡Que tal!), y “eliminar las barreras financieras de la matrícula de estudiantes de bajos ingresos” promoviendo el crédito educativo mientras se elimina la financiación directa a las universidades.

El Banco Mundial, hacia el año 2003, publicó su libro “Construir sociedades del conocimiento: Nuevos desafíos para la Educación Terciaria”, donde reclamó políticas que “incrementen la diversificación institucional (aumento del número de instituciones no universitarias y privadas) para ampliar la cobertura sobre una base financiera viable y para establecer un marco de formación continua con múltiples puntos de acceso y gran variedad de itinerarios formativos”. Cuánto más elaborada desde fuera se encuentre la política educativa, menos cambios sustanciales se producen.

Con lo anterior queda claro por qué la Ministra Parody no debate con la comunidad universitaria y evade dar claridades sobre su mala política educativa. ¿Con la excusa de acabar con el estigma social que tiene la educación técnica, el gobierno pretende enterrar definitivamente el debate sobre la crisis de la universidad pública?