En las últimas décadas en Colombia se viene publicitando el argumento de que existe una estrecha relación entre educación y competitividad y para ello se liga el concepto de formación a la teoría del capital humano. Este razonamiento, promovido por los sectores económicos y los gobiernos de turno y divulgado por los medios de comunicación, se basa en la destacada valoración que se le atribuye a la educación, como motor del crecimiento económico sostenible, asunto que se entrelaza con la ideología de la globalización y la mundialización de la economía que se impulsa desde los modelos de integración económica, regionales o mundiales.

En este panorama de internacionalización económica, la educación se ha convertido en bandera de las políticas de gobierno, lo cual trae como consecuencia la introducción de "reformas" para elevar su calidad con el propósito de volverla "competitiva" y "eficiente" en la idea que la inversión en la educación es "un activo valioso e intangible que tiene la capacidad de contribuir a incrementar y favorecer una producción más diversificada, impulsar la innovación y con ello la competitividad, con lo cual también se disminuyen los niveles de pobreza e inequidad" (Valbuena É. y otros, 2017), y que a largo plazo la educación "... representa un tipo de inversión que provoca un aumento de la productividad y la renta." (Valbuena, ibídem).

Estas "reformas" basadas en la concepción de formación como capital humano, ven a la educación como "el instrumento que permite potenciar las capacidades del individuo y transformarlo en un agente productivo, en la medida en que crea valor agregado, favorece la cohesión y el bienestar social, e incluso permite maximizar las inversiones en sí mismo" (Valbuena É. y otros, 2017).

Tales "reformas" para el caso de la educación superior colombiana, buscan garantizar la formación de profesionales, como fuerza de trabajo suficientemente preparada para producir y desempeñarse laboralmente según los requerimientos internacionales de la economía y el mercado mundial, con el fin competir en un mundo cada vez más globalizado. Se le impone a las Instituciones de Educación Superior, a través de los procesos de acreditación de sus Programas Académicos, en particular los de Licenciatura, la meta de internacionalizar la educación mediante la adopción de un currículo globalizado, denominado currículo por competencias, que expresa la presencia de un nuevo tipo de expectativas sociales sobre la formación, que se fundamenta en la concepción de calidad en la educación como aprendizaje por competencias que "debe entrenar a los estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías y de varios idiomas" y "...a exigir cada vez más la rendición de cuentas acerca del manejo de los recursos y de los resultados alcanzados con relación a objetivos predefinidos" (López, 2003, p. 41), desde la pretensión de modernizar los programas de estudio universitarios para atender la ineficiencia en la formación que adolece la educación superior latinoamericana, incrementando la calidad de la formación de profesionales.

Para ello se han puesto en marcha una serie de normatividades y mecanismos gubernamentales, introducidos a Colombia y América Latina por organismos internacionales como la OCDE, la Unesco, el Banco Mundial, el BIC, entre otros, que obligan homogenizar los currículos de las Licenciaturas, según estándares internacionales. Normas como el Decreto 1295 de 2010, el artículo 222 de la ley 1753 del 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018), el Decreto 2450 de 2015 y la Resolución 02041 de 2016 (hoy día derogada por la Resolución 18583 de 2017), las cartillas y guías expedidas por el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación, son una clara trasgresión a la autonomía universitaria, al obligar a modificar los currículos de los Programas Académicos mediante la exigencia de la acreditación para garantizar su operatividad.

También los Mecanismos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en sus tres componentes: Información, Sistema Nacional de Información de Educación Superior - SNIES, Observatorio Laboral para la Educación, Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad - SACES, Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior – SPADIES; Evaluación,  Acreditación de Alta Calidad y Renovación de Registros Calificados de Programas Académicos e instituciones, Exámenes de Calidad de la Educación Superior (ECAES), clasificación de las instituciones según nivel de calidad, divulgación de la información, etc.; y Fomento, exigen a las Universidades poner en práctica este tipo de currículo, globalizado y por competencias, al evaluar la calidad en la educación a partir de un paradigma empresarial, economicista, que mide su desempeño desde criterios centrados en la eficacia, que prepondera el análisis costo-beneficio, la gestión y racionalización de los recursos y la rendición de cuentas, promoviendo la jerarquización y competencia entre programas académicos y universidades.

La lógica mercantil introducida en los currículos universitarios le exige a los Programas Académicos la necesidad de generar un trabajo académico cooperativo suprainstitucional de Instituciones de Educación Superior, que tiene por objeto formar a los estudiantes para desempeñarse laboralmente en un mundo cada vez más interdependiente y competitivo, desde criterios basados en los resultados educativos para el crecimiento económico y la competitividad. Se introducen mecanismos de evaluación de los Programas Académicos que son compartidos por las nuevas mega o hiper universidades, utilizando indicadores específicos, comunes a la economía de mercados, que tienen como función valorar el aprendizaje de los estudiantes desde competencias laborales requeridas por el mercado internacional, facilitando que se compare su rendimiento académico.

Dado que este modelo de mercantilización de la enseñanza y de internacionalización de la educación superior ya se viene desarrollando en otros países de América Latina, Europa y en Estados Unidos, la experiencia divulgada por algunos educadores de esas regiones demuestra que la expectativa de formación se vuelca hacia el desarrollo de competencias laborales, convirtiendo a los estudiantes en clientes que reciben un servicio, cuyo poder de decisión se ve incrementado en la elección y organización del currículo académico a cursar (Viegas y Bianchetti, 2014), poder que, a la vez, se ve ajustado por la formación requerida que exige la oferta y la demanda que se establece desde las dinámicas del mercado. El sentido del proyecto de formación integral que poseen las universidades colombianas, el cual ha sido construido participativamente con la comunidad universitaria y la sociedad desde ejes académicos, científicos, sociales, políticos, culturales, éticos, estéticos tales como la autonomía académica, administrativa y financiera, el ejercicio de la democracia, la búsqueda del conocimiento, la recuperación y valoración de la identidad propia desde la identificación y reconocimiento de la diversidad y la pluralidad existente en sus regiones, la interculturalidad, la multietnicidad, con el fin de fortalecer las potencialidades nacionales y regionales y actuar sobre las estructuras de desigualdad existentes, para superar las inequidades sociales y facilitar los procesos de redistribución, es desconocido y descartado en este modelo de formación impulsado por los gobiernos de turno y las economías de mercado.

Es necesario que entendamos que debemos defender y fortalecer el modelo de universidad plural, pública, participativa, democrática, autónoma que en Colombia hemos construido, de la mirada reduccionista sobre la formación de calidad y de la visión de la educación como mercancía, dependiente del mercado, que promueven las agencias y los organizamos internacionales. Para ello se debería empezar por comprender que aunque en la actualidad, la revolución científico-tecnológica, la internacionalización del conocimiento y la globalización de la economía constituyen algunos de los desafíos más importantes que se le plantean a la Educación Superior, las realidades regionales fruto de las transformaciones económicas, sociales, políticas, culturales, ambientales, entre otras, que se producen por la introducción de estos procesos de globalización, y las características particulares que Colombia heredó (desempleo, pobreza, desigualdad, inequidad, violencia, conflicto armado, paramilitarismo, etc.) producto de su histórico proceso de hegemonía política y económica, se constituyen en nuestras prioridades. La salida a la mercantilización de la educación puede estar en la Pertinencia Social desde la cual fueron concebidos y diseñados los programas académicos en nuestras Universidades.