En el marco del encuentro, los académicos iniciaron el debate con una tesis central clara: la descertificación funciona más como un mecanismo de señalamiento político internacional que como una evaluación técnica seria. Tomando como referencia a Colombia, los expertos invitados señalaron la paradoja: mientras la economía ilícita avanza, la crisis social se intensifica.
Para Jairo Hernán Ortíz Ocampo, profesor del Departamento de Ciencias Políticas, la descertificación constituye un gesto de poder: “es un instrumento que denota jerarquía; va dirigida de un Estado con mayor poder hacia otro con muy poco poder, es paradójico seguir censurando a los Estados productores y pasar por alto a los Estados consumidores”, resaltando que nunca se observa a países desarrollados estigmatizados o censurados por esta causa.
El profesor Álvaro Díaz complementó esta visión, señalando que detrás de la etiqueta técnica se esconde un golpe directo a la vida cotidiana. La palabra “descertificación” puede sonar lejana, incluso burocrática: “Detrás de la desertificación, en esa etiqueta que Estados Unidos impone a países como Colombia, se esconde un proceso que golpea directamente la vida cotidiana de millones de personas. La desertificación se ha convertido en una herramienta hegemónica, usada de manera unilateral por Washington desde la Guerra Fría, y aplicada con criterios selectivos que nunca alcanzan a los países consumidores”, manifestó enfáticamente Díaz.
Por su parte, el economista y profesor Juan José Caicedo presentó el Informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2025, el cual incluye un panorama preocupante con cifras alarmantes: en 2023 se registraron 253 mil hectáreas cultivadas de coca en Colombia, lo que representa el 67% de la producción mundial. Estos datos no solo evidencian la magnitud del problema, sino que también permiten comprender las consecuencias sociales, toda vez que la reducción de ayudas internacionales limita el desarrollo de proyectos sociales y de derechos humanos, mientras los ingresos del narcotráfico continúan alimentando el conflicto armado, expresado en desplazamientos, homicidios y reclutamiento de menores.
El debate concluyó con el llamado a repensar las políticas antidrogas, planteando la necesidad de fortalecer soluciones sociales y estructurales que permitan atacar el problema de raíz. En ese sentido, las y los participantes coincidieron en que los espacios de reflexión académica no solo propician nuevas miradas, sino que también ayudan a replantear posturas frente a realidades complejas, reafirmando la importancia de la universidad como escenario crítico donde se gestan propuestas hacia una paz duradera.
Así, la comunidad Unicaucana sigue poniendo el saber hacer académico al servicio de las realidades del país, demostrando que la Unicauca, #PatrimonioDeTodos, es ante todo una Universidad para la paz.
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